“La propuesta del ODS18 es una llamada de atención a un problema mundial”

Dejando siempre a salvo la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, es muy importante que la ciudadanía adquiera herramientas que le faciliten diferenciar la información rigurosa y ajustada a la realidad de aquellos contenidos sesgados, incompletos o directamente falsos emitidos a menudo con la intención de manipular, inquietar o subvertir a sus receptores, contenidos que suponen una clara amenaza a la coexistencia pacífica en sociedad.

Esta entrevista forma parte de la Revista Corresponsables 77: Especial ODS18.

En un contexto como el presente de democratización de la comunicación en el que el acceso a plataformas de difusión masiva es prácticamente gratuito y universal y las noticias falsas han encontrado el caldo de cultivo idóneo para su proliferación, la campaña impulsada por The Global Alliance for Public Relations and Communication Management me parece un completo acierto como llamada de atención a un problema mundial.

Hace unos meses tuve ocasión de asistir en Madrid a la presentación de una obra jurídica centrada en el “derecho a la verdad”, un derecho que, en palabras del entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial español, el magistrado Carlos Lesmes, “resulta esencial para la supervivencia de las instituciones y para el mantenimiento de la calidad de nuestras democracias”.

Dejando siempre a salvo la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, es muy importante que la ciudadanía adquiera herramientas que le faciliten diferenciar la información rigurosa y ajustada a la realidad de aquellos contenidos sesgados, incompletos o directamente falsos emitidos a menudo con la intención de manipular, inquietar o subvertir a sus receptores, contenidos que suponen una clara amenaza a la coexistencia pacífica en sociedad.

De otro modo se perderá el necesario clima de confianza que facilite el sano intercambio de opiniones y los consensos a partir de posiciones ideológicas y culturales diferentes, clima de confianza al que hace referencia expresa la propuesta de The Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

Me ofrece alguna duda la necesidad de generar adicionalmente un ODS específico, dado que el ODS 16 ya aboga por la justicia y la solidez de las instituciones, y en un sentido amplio esa solidez abarcaría también el mencionado “derecho a la verdad”, la credibilidad de las instituciones y una libertad de prensa y expresión fundamentadas en información rigurosa, comunicada con responsabilidad.

En todo caso, encuentro muy acertado llamar la atención sobre este problema de alcance universal cuya mitigación, en un mundo globalizado y digitalizado donde las fronteras territoriales se desdibujan, requiere la colaboración activa y el compromiso sin fisuras de toda la comunidad internacional.

En una compañía como la nuestra, que forma parte de un grupo cotizado en la bolsa de Estocolmo (Karnov Group), la comunicación coherente, rigurosa, documentada y transparente es un imperativo del negocio.

Constituye una actividad estratégica que está sometida, no sólo a una política corporativa muy bien definida que nos ayuda a generar claridad frente a audiencias externas y unidad en el ámbito interno, sino también a la normativa legal y a los más exigentes estándares de gobernanza, tanto a nivel local en cada uno de los países del grupo como a nivel europeo.

Además de la comunicación puramente corporativa, la compañía tiene en España una intensa actividad de comunicación a través de sus medios especializados dirigidos principalmente a profesionales del Derecho, pero también de la Administración Pública, la Empresa, la Asesoría Fiscal, Contable y Financiera, o la Educación. Todos los medios del grupo cuentan con un equipo de expertos en cada materia y de colaboradores externos que aportan a cada cabecera el rigor técnico necesario para dotar a sus contenidos de la mayor fiabilidad.

Al final estos medios de comunicación especializada, como es vuestro caso en Corresponsables, constituyen verdaderas herramientas de trabajo para los profesionales a los que se dirigen, alguno de ellos (El Consultor de los Ayuntamientos) con trayectorias centenarias alcanzadas desde la calidad, la capacidad de innovación y una gran autoexigencia.

La comunicación pública de nuestros avances es materia social para mí es crucial. Desde hace años soy responsable, no sólo de la comunicación de la compañía en España, sino también de la actividad de su fundación corporativa, la Fundación Aranzadi LA LEY, que desde 2007 articula nuestra acción social y de innovación principalmente en el ámbito de la Justicia, volcando en ella toda nuestra experiencia como empresa de información jurídica.

Como en todas las empresas, en la nuestra se ponen en marcha iniciativas que, aunque se desarrollen en el ámbito de nuestra responsabilidad social al involucrar a las personas que trabajan en la empresa, no queremos ni debemos comunicar públicamente por beneficiar a personas concretas en situación de dificultad. Es una cuestión de respeto y empatía; tan responsable es impulsarlas como no contarlas. En el sector legal ésa ha sido hasta ahora la tónica dominante, y muchos despachos de abogados, por ejemplo, mantienen un perfil bajo a la hora de compartir externamente sus iniciativas solidarias.

Esa inercia propia de nuestro sector hace tiempo que, en el caso de LA LEY,  ha derivado en una comunicación más abierta y responsable que contribuye a distinguir a nuestra compañía de otros operadores y nos ayuda a sistematizar y hacer más eficiente toda la actividad desplegada en ese ámbito.

Se trata, no sólo de incrementar el impacto positivo de nuestra actividad, que enorgullece a los que trabajamos en la empresa y aumenta nuestro atractivo como empleador, sino también de ser ejemplares e inspirar a otros. El compromiso público con la responsabilidad social es en sí mismo un acicate para poner el listón más alto cada año, ser ambiciosos pero realistas con las expectativas que generamos en los diferentes públicos de interés, y cumplir coherentemente con ellas.

Como compañía europea estamos sometidos a los más altos estándares globales de sostenibilidad, no comparables a los de ningún otro continente, por lo que el nivel de exigencia es muy alto.
 
Por el tipo de actividad que desplegamos en LA LEY el ámbito de la gobernanza es muy relevante, especialmente en lo que respecta a las políticas de cumplimiento normativo, ciberseguridad, integridad y protección de los datos, etc. y nos preocupan, por supuesto, los aspectos medioambientales de la sostenibilidad, aunque nuestro impacto negativo es muy pequeño.
 
Nuestro sistema de gestión medioambiental está certificado (ISO 14001), lo que nos obliga a esforzarnos sin descanso por mejorar los ratios de consumo, reciclaje, emisiones, etc.
 
Pero los mayores desafíos están, en nuestro caso, en el impacto social de nuestras operaciones, en particular, en todo lo que se refiere al mundo del Derecho y la Justicia (ODS 16). Por eso la Fundación Aranzadi LA LEY lleva 16 años trabajando por acercar el mundo jurídico a la ciudadanía, de la mano de instituciones como el Consejo General de la Abogacía Española o el Consejo General del Poder Judicial, entre otras (ODS 17).
 
Nuestros Observatorios son referentes a nivel nacional en temáticas como la Justicia Gratuita y el turno de oficio, la evolución de la actividad judicial, o la aplicación de la Agenda 2030 en el Sector Público. Tenemos una intensa actividad en torno a la defensa del derecho a la igualdad (ODS 5), campo en el que LA LEY ha ido siempre un paso por delante de otros operadores, y en materia de innovación (ODS 9) en el sector legal somos referente absoluto, especialmente en el ámbito tecnológico.

Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: ODS18 – Comunicación Responsable.