Comunicación con el gobierno: estrategia para los asuntos públicos

La influencia de un gobierno sobre las operaciones desarrolladas por una empresa constituye un hecho más que palpable, a tenor del estatus regulador que le es inherente y su repercusión sobre la dinámica de un entorno cada vez más complejo. En esta línea, la comunicación con el gobierno y las diferentes instancias y niveles que conforman la administración pública reviste un carácter estratégico, no sólo desde la identificación de las causas que mueven el accionar de aquélla, sino también desde la comprensión y el análisis de sus decisiones según el contexto en el que éstas se formulan y los sectores a los que involucra, ya sea que estos resulten afectados o beneficiados (Stortini, 2008).

En la opinión de Farré (2013), las organizaciones responden a una innegable condición de actores sociales y políticos, inmersas de por sí en un mapa en el que confluyen junto a otros actores ampliamente diversos. Esta realidad pone de relieve para ellas el imperativo de gestionar lo “público”, con miras a aunar voluntades y conciliar intereses, emplazándose en tanto agentes legítimos dentro de un marco de actuación de largo plazo, con arreglo a una visión multistakeholder sobre la cual se fundamenta el ejercicio del rol de la ciudadanía corporativa.

Este nuevo escenario ha coincidido con los movimientos de reforma del Estado, los cuales han traído consigo un estilo de gestión orientado a auspiciar la profesionalización de la función pública, los mecanismos de fiscalización y evaluación de resultados, la transparencia y la rendición de cuentas, nuevas formas de control merced la participación de la sociedad civil, y el aumento del grado de responsabilización del servidor público ante la sociedad (Cunill, 2006).

La irrupción de esta noción de gobernanza ha venido a modificar, por partida doble, la lógica de comunicación de las entidades estatales y de las compañías, reclamando el engarce del “decir” con el “hacer” como ejercicio responsable. De resultas, una gerencia atinada de la comunicación evidenciará sus frutos merced el mejoramiento de la percepción pública, el aumento de los índices de confianza, el incremento de la credibilidad y la consolidación de la reputación.

La gestión de la comunicación con el gobierno se revela, así, como una práctica específica que reclama redefinir la relación entre las empresas y su entorno en aras de compatibilizar los intereses público y privado, y articular mecanismos de colaboración (Manrique, 2010). Ello supone la aplicación de una amplia gama de técnicas de diagnóstico, la construcción de escenarios, la elaboración de perfiles de los actores y la identificación de mensajes, sin descontar el diseño y la implementación de una agenda de reuniones con decisores públicos inserta en una estrategia de comunicación que se apalanque en el establecimiento de relaciones armónicas de largo plazo (Correa, 2010).

Lo más relevante es saber a qué se enfrenta una entidad, en el entendido de que es susceptible de padecer una situación adversa que amenace su estabilidad e, incluso, su sostenibilidad en el tiempo, traducida en términos gubernamentales, por ejemplo, en la tendencia a la incertidumbre regulatoria o, en su defecto, en el exceso de intervencionismo estatal. De allí que se torne crucial retroalimentar los planes estratégicos mediante la monitorización y la gestión de asuntos clave para capitalizar oportunidades, detectar riesgos emergentes y prevenir crisis.

En este sentido, retrotrayendo a Farré (2013), una aproximación que limite la gestión de los asuntos públicos a un modelo unidireccional, basado en el análisis reactivo de la actividad del gobierno, resulta insuficiente. La verdadera gestión de los intereses de las compañías entraña anticiparse y alertar de forma temprana, de donde se sigue apelar a un trabajo de inteligencia que facilite la sistematización de datos y el análisis continuo del contexto social y político, de cara a obtener información respecto a cambios que pudiesen afectar la consecución de los objetivos corporativos (Navarro & García, 2015).

Tras lo dicho hasta aquí cabe afirmar, pues, que la gestión pública de la organización encarna un gran desafío desde la perspectiva de estrategias de transparencia y de confianza, amén del perfil profesional de los especialistas en el área de la comunicación estratégica y los asuntos públicos (Maurette, 2009), sobre todo en el caso de América Latina, región en la que han prevalecido experiencias frustradas lo mismo de “Estado mínimo” que de “Estado omnipotente” por lo que atañe al alcance de las metas en pro del bienestar de la sociedad (Rezzónico, 2005).

Referencias Bibliográficas

Correa, E. (2010). Comunicación: lobby y asuntos públicos. Cuadernos del Centro de Estudio en Diseño y Comunicación, (33), 101-110.

Cunill, N. (2006). La transparencia en la gestión pública. ¿Cómo construirle viabilidad? Estado, gobierno, gestión pública: Revista Chilena de Administración Pública, (8), 22-44.

Farré, P. (2013). “La gestión de los Asuntos Públicos como escenario para el acercamiento público-privado”. El Molinillo [Revista electrónica], (56).Recuperado el 1 de agosto de 2014.

Manrique, G. (2010). “Comunicación y Asuntos Públicos”. Recuperado el 6 de agosto de 2017, de

Maurette, H. (2009). La comunicación con el gobierno. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, IX, (28), 131-135.

Navarro, J., & García, L. (2015). Gestión de la influencia: inteligencia y asuntos públicos. UNO [Revista electrónica], (19). Recuperado el 1 de agosto de 2014.

Rezzónico, R. (2005). “Disminuyendo la brecha entre expectativas ciudadanas y respuestas públicas: optimización de la gestión estatal mediante modelos que incorporan mejora continua sistemática e innovación en su configuración”. Ponencia presentada en el X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 18 al 21 de octubre de 2005, Santiago de Chile.

Stortini, M. (2008). Los asuntos públicos, el retorno de las relaciones públicas a su función política de origen. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, IX (X), 133-134.

*Artículo publicado en el Monográfico de Comunicación Responsable de Corresponsables